El presidente Donald Trump emitió una orden ejecutiva que obliga a las prisiones federales a alojar a mujeres transgénero en instalaciones para hombres y prohíbe los tratamientos médicos relacionados con la transición de género. Esta política forma parte de una amplia orden destinada a limitar el reconocimiento gubernamental del género al sexo asignado al nacer.
La disposición, titulada «Defendiendo a las Mujeres del Extremismo de la Ideología de Género y Restaurando la Verdad Biológica al Gobierno Federal», también se aplica a centros de detención de inmigración. Es una de las medidas más concretas de esta nueva política, que amplía restricciones ya implementadas durante el primer mandato de Trump.
Impacto en el sistema penitenciario
Actualmente, en las prisiones federales de EE. UU., hay al menos 1,500 mujeres transgénero y 750 hombres transgénero, según cifras del Buró de Prisiones. Aunque representan menos del 1 % de los reclusos, estudios del Williams Institute indican que las personas transgénero enfrentan mayores riesgos de ser encarceladas debido a factores como discriminación, rechazo familiar y dificultades económicas.
Preocupaciones por la seguridad y derechos humanos
Organizaciones defensoras de los derechos trans han condenado la medida, señalando los riesgos que supone para la seguridad y la salud de las personas trans en prisión. Shannon Minter, directora legal del National Center for Lesbian Rights, advirtió que esta política podría incrementar los casos de abuso sexual y violencia en las cárceles.
La decisión podría enfrentar impugnaciones legales, ya que los tribunales federales han reconocido la obligación de los sistemas penitenciarios de proteger a los presos más vulnerables y proporcionarles atención médica adecuada. Mientras tanto, el debate en torno a esta orden ejecutiva sigue encendiendo tensiones en temas de derechos humanos y políticas de género en Estados Unidos.
